La Rebelión de los Deudores

El endeudamiento es el mal asumido al que se enfrentan los chilenos que quieren acceder a la educación superior en el segundo país con los aranceles más altos del mundo, sin embargo, un grupo de deudores ha empezado a oponer resistencia al sistema y no ha encontrado mejor manera que derechamente dejar de pagar, asumiendo el riesgo a ser estigmatizados como morosos, demandados e incluso embargados con tal de protestar en contra del lucro a la educación, vista por ellos como un derecho social y no un bien de consumo.

Cuando Janine salió de la Universidad a su título de Periodismo le acompañaba una deuda de 13 millones de pesos chilenos (US$19.700) al crédito Fondo Solidario, a pagar con 2% de interés en los próximos 15 años. Francisco egresó como abogado con 6 millones (US$9.000)  menos, a Amaranta se le restan otros 10 y con poco más que una firma hecha a sus 17 años, a Paulo se le abrió un hueco en el bolsillo que ya hoy va por 8 millones, mientras que Silvia, que ni siquiera pudo terminar su carrera por precisamente ser incapaz de continuar pagando, el crédito la tiene hoy día con una deuda de 9 millones, tres veces más de lo que era cuando abandonó hace 15 años.

Si Janine tuviese en mano esos 13 millones estaría viviendo la vida en Australia, o quizás se habría quedado en Santiago, su ciudad de siempre, invirtiéndola en ser su propia jefa. Amaranta se habría ido a recorrer el mundo, Francisco tendría casa propia en vez de vivir alquilado, Paulo habría puesto esos 8 millones a valer en la difusión de artistas locales a través de su productora musical y Silvia tendría para pagarle sin preocupaciones año y medio de matrícula a su hijo en cualquiera de los mejores 5 colegios del país.

Ninguno de ellos se conoce, tampoco tienen mucho en común, excepto la deuda educativa que arrastran y se rehúsan a seguir pagando.

Hoy en Chile son más de 700 mil las personas morosas que  acumulan en conjunto una deuda estudiantil que sobrepasa los 2,5 billones de pesos. Es gente con ideologías, religiones, formas de pensar, edades y condiciones totalmente distintas a quienes la deuda educativa ha convertido en un sujeto social por sí mismo, uno que tiene ahora la capacidad de tomar consciencia de su situación y resistirse, precisamente lo que ha empezado a hacer.

Mientras el gobierno de Michelle Bachelet promueve un modelo de gratuidad universal y una reforma al sistema educacional, los mismos estudiantes y endeudados que pusieron el tema en el tapete continúan quejándose de que ninguno de estos proyectos de ley cumple ni con sus demandas ni con las promesas hechas en el primer año de mandato de la presidenta, quien basó gran parte de su campaña precisamente en el discurso de reconocer a la educación como un derecho ciudadano.

Pero diga lo que diga Bachelet y su gabinete, lo cierto es que en Chile la educación ha funcionado más como un bien de consumo que como un derecho, esto desde que, durante la dictadura de Pinochet, se privatizara el mercado de la educación, eliminándose la gratuidad en las universidades – entre otras medidas – y haciendo la figura de los créditos una necesidad para aquel que quiera estudiar y no tenga los recursos suficientes para pagar por ello.

Hasta 2006, las opciones del chileno promedio para continuar sus estudios después de la enseñanza media eran 1) Pedir un crédito de consumo a alguna casa comercial para financiar los aranceles 2) Obtener el suficiente puntaje en la Prueba de Selección Universitaria como para entrar a alguna de las universidades del Consejo de Rectores (también conocidas como “tradicionales”) y pagar la matrícula con una beca o un crédito (Corfo, Fondo Solidario) otorgado por las mismas universidades.

La situación cambió cuando se introdujera la opción del Crédito con Aval del Estado (CAE): Un tipo de financiamiento en el que el Estado actúa como garante de aquellos estudiantes que no cuentan con ninguna de las condiciones mencionadas anteriormente y que, hasta el momento se habían visto excluidos de la educación superior.

En 10 años de funcionamiento son casi 800 mil los beneficiarios del CAE, en su mayoría jóvenes provenientes de los sectores sociales más bajos y a quienes se les prometió la educación universitaria como la llave para superar la pobreza y las desigualdades. Sin embargo, el mayor problema surge cuando se determina que será la Banca privada quien pondrá los fondos, ya que, supuestamente, el Estado chileno no contaba con el presupuesto suficiente para ello. Dado que para ningún banco es atractivo el negocio de prestar dinero a gente de bajos ingresos y sin garante alguno, el Estado debe crear un incentivo, siendo este la figura de la “recarga”: Si el banco presta el dinero, unos meses después el Fisco se encargará de comprar algunos de esos créditos con un sobreprecio.

El plan original dictaba que el Fisco no compraría más de 25% de los créditos y a un sobreprecio no mayor a 6%, mas según datos de la Dirección de Presupuestos, entre 2006 y 2015 el Fisco ha comprado 913.889 créditos a los bancos, o sea, 41,8% de los 2.185.870 Créditos con Aval del Estado otorgados a alumnos nuevos y quienes renuevan año tras año, llegando a pagar sobreprecios en promedio de hasta 28% (aunque según datos recogidos por un reportaje de CIPER en 2011, para entonces algunos bancos habrían llegado a cobrar recargas de más de 60%).


Si bien el CAE ha cumplido con otorgar acceso a la educación superior a alumnos provenientes de hogares con menores ingresos, también ha terminado representando un gasto inmenso para el Estado – 910 mil millones de dólares y 35% del presupuesto total destinado a la educación superior en 2016, para ser exactos – y uno aún mayor para quienes se ven obligados a pagarlo, habiendo o no terminado sus estudios.

Para el sociólogo Felipe González, profesor de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Central de Chile y quien se encuentra realizando un estudio sobre gubernamentalidad financiera y endeudamiento en el país, como política pública la figura del crédito universitario es un fallo, puesto que solo ha logrado generar nuevas formas de desigualdad, creando ciudadanos de primera categoría – aquellos que pueden estudiar sin necesidad de créditos -, de segunda – quienes toman los créditos y terminan sus estudios- y de tercera – los desertores y futuros morosos -.

Por una parte, el que toma el crédito y consigue un trabajo al terminar la universidad, está destinando por lo mínimo 10% de su sueldo a pagarlo, retrasando así su proyecto de vida puesto que a la mayoría no le alcanza entonces para estudiar un postgrado, emprender un negocio o comprar una casa, explica González. Mientras que el moroso desertor se ve en una situación aún peor, ya que no solo está impedido de hacer todas estas cosas sino que además experimenta movilidad social descendente al estar sin un título universitario pero con una deuda enorme que no tiene posibilidad de pagar, por lo que queda en la lista negra del boletín financiero DICOM, un registro de deudores que le impide sacar desde un teléfono hasta un seguro de salud, además de ocasionarle problemas al momento de buscar un empleo formal, haciendo que muchos terminan “boleteando”, es decir, trabajando de manera independiente, sin contrato de trabajo y emitiendo boletas de honorarios, de las cuales se descuenta un 10% de impuestos, los mismos que les son retenidos a los morosos del CAE y el Fondo Solidario por la Tesorería General de la República al momento de la devolución anual. Realidad ante la cual muchos simplemente prefieren llegar a un acuerdo con el empleador y dejar de boletear, pasando directamente a la economía informal y viendo sus derechos como trabajador prácticamente desaparecer.

Solo del CAE y el Fondo Solidario hay 160 mil morosos enfrentándose a esta situación, pero aún así, para algunos parece ser suficiente el riesgo con tal de levantarse y protestar en su contra.

Para Amaranta, el no pagar implica apartarse por completo del sistema, vivir en el “underground”, sin tarjetas bancarias, boletas ni cotizaciones del seguro social, ignorando por completo esos 10 millones que debe desde que egresara en 2013 y esperando que la carta de embargo no llegue nunca. Es lo mismo que viene haciendo Juan Pablo Rojas, la cabecilla de Deuda Educativa, una de las organizaciones encargadas de alzar la voz y representar a los deudores, quien con tal de no seguir contribuyendo al sistema que ha ayudado a denunciar lleva años dejando nada a su nombre, nada que rematar en caso que el banco decida perseguirlo algún día.

Otros, como Paulo, se escudan en las llamadas sin contestar, los números bloqueados y el golpe de suerte de una demanda desestimada por no haber sido notificado correctamente, cosa que le salvó del embargo de sus bienes, mientras que Silvia ya se cansó de enviar cartas al Ministerio de Educación, a la Universidad Técnica Federico Santa María donde estudió y al Fondo Solidario para que no le sigan cobrando los pagarés que tiene pendientes y que desde hace años no puede pagar por su precaria situación económica.

Hoy, casi sin proponérselo, ellos han venido a formar parte de un nuevo movimiento que cobra fuerza, tanto en la opinión pública como en lo político, contando con el apoyo de la diputada y ex dirigente estudiantil Camila Vallejo, así como la asesoría jurídica de Carola Canelo, abogada y docente de la Universidad de Chile, quien recientemente ha instado a los estudiantes a dejar de pagar, siempre y cuando esto vaya de la mano con asesoría jurídica adecuada, para lo cual afirma estar organizando un equipo de abogados con vocación pública, dispuestos a asesorar a los deudores que decidan unirse a la protesta.

Pero la propuesta de Canelo no surge con ella. La organización No Pago, por ejemplo, lleva desde julio de este año reuniendo datos de endeudados dispuestos a realizar una acción masiva de no pago una vez llegar a los 300 mil inscritos, aunque hasta ahora apenas cuentan con alrededor de 15 mil.

“Lo que buscamos con esta acción es que el Estado de una vez por todas nos de una solución definitiva, que es la condonación. Nosotros solicitamos estos créditos para estudiar y el mercado laboral incluso no da los recursos para uno poder solventarla, uno egresa con una deuda altísima y aquí hay una estafa, porque justamente lo que se está produciendo es marginalidad, pobreza, a costa de miles de familias” afirma Cristian Allende, uno de los dirigentes de la iniciativa. Él mismo debe alrededor de US$22.500 por una carrera que costaba US$9.000 y que decidió hace más de tres años no pagar a modo de protesta, asumiendo las consecuencias que esto le pueda traer.

“Aparezco en el boletín comercial, no soy sujeto de crédito. Si algún día quisiera una casa no puedo postular a nada” dice, “mucha gente me dice que soy irresponsable, que estoy actuando ilegalmente, pero creo que mi protesta es legítima y no pienso pagar una deuda que me parece injusta, inmoral y que el Estado avala solamente porque aquí hay grandes capitales que son finalmente los que toman las decisiones”.

Para Deuda Educativa la solución ideal sería construir una propuesta de condonación y alternativas de financiamiento en conjunto con el gobierno, pero su dirigente principal afirma que llevan ya tres años intentando recibir respuesta del gabinete del Ministerio y nada. “Sí sé que es un tema súper delicado para el gobierno porque es un problema más. Ya existe este movimiento, ya somos un actor social, pero si ellos responden y nos consideran pasamos a jugar dentro de la cancha y a ellos no les conviene que lo hagamos”, afirma Rojas.

Para él, la eliminación de esta deuda es posible, no sólo a través de negociaciones sino, más efectivamente, por medio de la expropiación: “El Estado puede expropiarle la deuda a los bancos, quitársela, estabilizarla y condonarla y asumir ellos el pago, el problema es que hoy día cuando tú le hablas a un político sobre expropiarle una deuda al banco es casi hablar de Venezuela, de Cuba. Metieron tanto a los bancos en la política que no les cierran la puerta, ahí está el temor de los gobernantes”.

Si bien Deuda Educativa no promueve en su discurso oficial el no pago de la deuda, para Juan Pablo esta ha sido tan solo una de sus maneras de manifestarse, siendo él mismo deudor del Fondo Solidario.

Carola Canelo, por su parte, ve esta como “la única vía posible de solución que realmente depende de los estudiantes”, siempre y cuando sea realizada de manera verdaderamente colectiva, esperando de esta forma el producir un efecto de recarga del sistema: Gracias a la masiva cantidad de recursos que se necesitan para demandar a un millón o más de personas, Canelo asegura que 3 o 4 meses de no pago contínuo llevarían producir un “crack del sistema” en el que las instituciones, incluidos los bancos, “vean que no están asegurados sus dineros, ahí recién van a tener un incentivo para negociar con los estudiantes y sus familias, antes, lamentablemente los estudiantes no tienen poder político”.

Esta falta de poder político de los endeudados se ha visto hasta ahora demostrada con declaraciones de personajes como el Ministro de Hacienda Rodrigo Valdés quien llegara a declarar públicamente que el CAE seguirá existiendo ”el próximo año y el subsiguiente, por algunos años más también”, mientras que la Ministra de Educación Adriana Delpiano asegura que, hasta que no se alcance el 100% de la gratuidad en la educación, no habrá cambios en el sistema de créditos.

Por su parte, si bien el tema se ha empezado a discutir, siguen siendo muchas las reservas y falta de información dentro del público general, haciendo que muchos no se atrevan a dejar de pagar, cosa que para Juan Pablo Rojas demuestra la falta de “cultura de deudor” existente en Chile y que tanto dificulta el avance de iniciativas como estas.

“El problema es que aquí la gente no sabe que tiene derechos y tiene derecho a defenderse debidamente” explica, “si a ti te demandan tú tienes un plazo para poder contestar esa demanda y si tienes un buen abogado, que conozca de deudas, puedes encontrar errores en los documentos a través de los cuales a ti te hicieron firmar esa deuda. Es tan masiva la cantidad de contratos que se dan a firmar que [los bancos] cometen errores con la letra chica, con pagarés en blanco, los plazos los ponen ellos (…) Todos esos son errores que atentan en contra al consumidor en base a la Ley de Protección a los Derechos del Consumidor. Es posible derribarle las demandas al banco y si tú le derribas la demanda al defenderte bien, la deuda se extingue”.

Es en esos errores en los que Deuda Educativa está confiando actualmente, al preparar la que sería la primera demanda colectiva contra los 7 bancos acreedores del Crédito con Aval del Estado, esperando terminar con los abusos cometidos por estos contra la Ley de Protección al Consumidor.

Por su parte, el movimiento No Pago, con la ayuda de Canelo, se enfrentan a la dura tarea de de continuar reuniendo adeptos, utilizando como arma principal la asesoría e información, dejando en claro que ante todo los deudores no están solos sino que cuentan con el apoyo de otros en su misma situación de riesgo.

“El único poder que tienen los deudores es unirse. Los bancos pueden ser súper poderosos, pero no pueden mandar los carabineros a todas las casas de Chile” afirma Felipe González, a la vez que recuerda que, en esta historia de créditos universitarios, las condonaciones no son cosa nueva, teniendo el Estado chileno la experiencia de al menos 11 proyectos de ley para remodificar y perdonar créditos desde que estos empezaran a actuar a principios de los 80.

Sin embargo, lo que diferencia a estas experiencias anteriores de lo que está ocurriendo ahora con el CAE es que estos otros créditos siempre fueron provistos y financiados por el Estado, y al ser este el prestamista “la relación de poder está mucho más balanceada porque cuando el deudor es el ciudadano votante el Estado no puede ejercer todas las opciones”, situación que cambia totalmente y, resulta incluso llevando la balanza a favor de los deudores que se rebelan una vez que los bancos entran a escena: “Cuando tú metes otro actor, que no tiene ningún tipo de reciprocidad política, que tiene experiencia cobrando y no le importa embargarte la casa, lo que hizo el CAE de meter a los bancos, este actor más perverso, ahí se genera la revolución (…) Si le debes un millón al banco tú estás en problemas, pero si le debes 100 mil millones al banco, el banco está en problemas”.